"Matar o morir es el destino de muchos". Puede parecer una frase extraída del guión de un western del viejo oeste. No lo es, sin embargo. Es la reflexión desgarrada de un adicto a las sustancias ilegales a la periodista Lucía Lozano, en una producción sobre la inflación de la economía de la droga que se publicó el domingo en LA GACETA. En esa misma producción, la foto de un adolescente sentado en una silla y encadenado en un tobillo reflejaba la misma tragedia, con otro nombre y otro apellido. En ese caso, una madre desesperada había optado por encadenar a su hijo, para que el chico no se siguiera drogando. Inevitable no pensar en una suerte de Ulises atado al mástil, resistiendo el canto de las falsas sirenas. Las dos situaciones ocurrieron en barrios de Banda del Río Salí y Costanera, donde se mezclan el consumo con una red de economía de la droga que se expande sin pausa, y que cada vez va sumando más trafiadictos, como se conoce a quienes venden drogas para poder consumir. Pero los casos de los municipios del Este no son los únicos: hace justo dos meses, la asociación "Crecer juntos", asentada en una de las barriadas populares de la Capital, enterró con lágrimas a Germán, 15 años, uno de los "niños del 2001" que había pasado por los Hogares centro de la organización comunitaria, pero que finalmente, como se ve, sucumbió. Apenas fotos de una radiografía en la que, hay que reconocerlo, no sólo hay consumidores en los sectores populares. Sin embargo, sin quitarle la carga trágica a los adictos de sectores medios o altos, la red de contención no es la misma en un caso que en el otro. ¿Qué mayor demanda al Estado que una madre que encadena a su hijo para que no se drogue?

En muchos de estos casos, el "efecto 2001" sigue dando que hablar; y no sólo en Tucumán, aún cuando esta provincia se haya convertido en "la" foto trágica de la crisis que azotó al país hace una década.

En su abordaje al tema de la seguridad, el flamante informe del Observatorio de la Deuda Social que desarrolló la Universidad Católica Argentina, analiza cómo la presencia del tráfico de drogas influye en la cantidad de delitos registrados y en el sentimiento de inseguridad que experimentan las personas en su barrio o vivienda. En casi cuatro de cada 10 hogares entrevistados (36,0%) dijeron que en la zona donde viven existen problemas relacionados con la venta o el tráfico de drogas. Y el problema aumenta en los hogares de barrios más populares, o en villas o asentamientos precarios. El porcentaje de hogares que respondieron convivir en su barrio con venta de drogas asciende a 47,9% en los estratos muy bajos y a 64,2% en las villas o asentamientos; y baja al 21,5% en los hogares de zonas con trazado urbano de nivel social medio. En aquellos hogares con problemas de venta de drogas, la inseguridad pasa de 27,1% (hogares sin tráfico de drogas) al 33,1% (con presencia de venta de drogas).

"Si bien el problema es general, son los sectores más carenciados, pertenecientes a estratos bajos y habitantes de asentamientos precarios quienes se ven afectados en mayor medida por esta relación. Por ello, es importante impulsar políticas destinadas a combatir la inseguridad reconociendo su doble naturaleza y considerando a la venta o tráfico de drogas como un aspecto que influye de manera evidente agravando el problema de la inseguridad", se señala. A su vez, se indica que 67 de cada 100 habitantes de asentamientos precarios sienten que viven en un estado de inseguridad permanente: tanto por miedo a que los despojen de sus pocos bienes pasajeros como de sus bienes más preciados: esos hijos que siempre están expuestos a terminar como Ulises, atados al mástil.